WASHINGTON, 13 de junio de 2025 — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a notificar a cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití la revocación de sus permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos. La medida, revelada por CNN tras acceder a una de las comunicaciones oficiales, afecta a beneficiarios del programa de "parole" humanitario implementado durante la administración del presidente Joe Biden.
“Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado. Si no sale del país, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo, entre otras, la detención y la expulsión, sin la oportunidad de hacer trámites personales y regresar a su país de manera ordenada”, indica el mensaje enviado por correo electrónico a los afectados. Asimismo, se advierte que los permisos de trabajo asociados al programa también serán revocados.
La decisión surge tras un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU., emitido el pasado 30 de mayo, que dio luz verde al Gobierno del presidente Donald Trump para revertir la política migratoria anterior. El alto tribunal atendió una solicitud de emergencia del DHS para impugnar la decisión de una jueza federal que había bloqueado la medida impulsada por Trump tras asumir nuevamente la presidencia en enero de 2025.
En 2023, el Gobierno de Biden había ofrecido protección temporal a migrantes de los mencionados países que cumplieran ciertos requisitos, como contar con un patrocinador en territorio estadounidense. La iniciativa, orientada a reducir la inmigración irregular, fue duramente criticada por sectores republicanos.
El envío masivo de estas notificaciones se enmarca en una ofensiva más amplia de la actual administración para endurecer la política migratoria. En las últimas semanas, se han intensificado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), provocando protestas y disturbios en ciudades como Los Ángeles. Otras localidades del país también han sido escenario de manifestaciones en rechazo a las nuevas directrices migratorias.
La revocación de estas protecciones afecta potencialmente a más de 532.000 personas y marca un cambio significativo en la postura oficial del Gobierno federal respecto a la migración humanitaria.
