Santo Domingo, R.D. – La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) expresó este lunes su profunda preocupación ante la reciente intimación al periódico Listín Diario para eliminar una publicación periodística, advirtiendo sobre los riesgos que esto representa para la libertad de expresión y el derecho a la información en la República Dominicana.
A través de un comunicado oficial, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, hizo un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer las motivaciones, circunstancias y actores involucrados en dicha solicitud, subrayando la importancia de garantizar total transparencia en este proceso.
“La libertad de prensa, la expresión del pensamiento y el acceso a la información pública son pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho, y deben ser protegidos frente a cualquier intento de censura o presión indebida”, afirmó Castaños Guzmán.
FINJUS recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido precedentes claros sobre estos derechos, como en las sentencias TC/0716/17, TC/0092/19 y TC/0171/20, donde se reafirma que el llamado “derecho al olvido” no puede usarse para restringir el acceso a información veraz y de interés público, especialmente cuando involucra a figuras públicas o hechos relevantes para la sociedad.
La entidad advirtió que mecanismos como las solicitudes de rectificación o eliminación de contenido deben aplicarse con responsabilidad y dentro del marco legal, evitando que se conviertan en instrumentos para suprimir información legítima.
“Cualquier intento de manipular la opinión pública mediante la eliminación de contenidos sin base legal sólida puede representar un grave precedente para la democracia y el ejercicio del control social en el país”, señaló FINJUS.
La organización reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, la transparencia institucional y el fortalecimiento del orden democrático, exhortando a que todo proceso vinculado a la moderación de contenidos respete los derechos fundamentales y el interés público.
