Santo Domingo, – Faride Raful promete liderazgo en ética y responsabilidad digital
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó este lunes la importancia de establecer precedentes en el uso responsable de las plataformas digitales y los medios de comunicación, a raíz de los procesos legales que ha iniciado por difamación en su contra.
Destacó que el respeto al honor y la dignidad, derechos fundamentales garantizados por la Constitución Dominicana, es una prioridad en estos casos. Sus declaraciones se produjeron tras salir de un tribunal, marcando su compromiso de continuar defendiendo su integridad personal.
El caso más notable involucra a Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como "La Torita", quien enfrenta acusaciones de difamación e injuria. La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha programado una nueva audiencia para el viernes 18 de julio. Raful exige una indemnización de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50,000,000.00) por los daños causados por las declaraciones difundidas en plataformas digitales, las cuales, según ella, han dañado su reputación y la de su familia.
La querella presentada incluye la solicitud de reconocimiento como actor civil, conforme a los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal, y la autorización para realizar todas las diligencias necesarias para completar la investigación.
Adicionalmente, Raful ha presentado acciones legales contra el autodenominado detective Ángel Martínez, quien también ha sido involucrado en la propagación de las acusaciones. A pesar de las disculpas públicas de Martínez, el abogado de la ministra, Miguel Valerio, afirmó que las disculpas no reconocen la falsedad de las afirmaciones, las cuales han tenido un impacto negativo en la privacidad y la imagen pública de Raful y su familia, incluyendo a un hijo menor.
La audiencia de medida de coerción contra Martínez está programada para este lunes 8 de julio, a las 12:00 P.M., bajo la supervisión del juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Estos casos subrayan el compromiso de Raful de establecer un estándar de responsabilidad y ética en el ámbito digital, protegiendo la integridad personal y familiar frente a difamaciones públicas.
