Quito, 25 de mayo de 2025 — Ecuador atraviesa una de las peores crisis de violencia de su historia reciente. Desde la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024, el país ha adoptado una estrategia de militarización para enfrentar al crimen organizado, clasificando a 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas. Sin embargo, los resultados han sido desalentadores: la violencia no solo no ha disminuido, sino que continúa en ascenso.
Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 2.361 muertes violentas, un récord que podría hacer de este año el más sangriento hasta la fecha, superando al ya crítico 2023. Esta escalada ha puesto en evidencia las limitaciones del enfoque militar frente a un fenómeno profundamente social.
De acuerdo con el politólogo Luis Córdova-Alarcón, doctor en Ciencia Política y director del programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, el Estado ecuatoriano enfrenta una triple crisis: la pérdida de su base social, la ausencia de un proyecto político cohesivo y una visión hegemónica sustentada en la desregulación y la concentración de poder en grupos oligárquicos.
Fracaso en el compromiso social
Uno de los factores clave en el aumento de la criminalidad es la fractura del tejido social. Más de 450.000 niños y adolescentes han desertado del sistema educativo, quedando expuestos al reclutamiento por parte de pandillas. Solo en 2024, las desapariciones de menores aumentaron un 88%. Además, el 80% de los centros educativos en la Costa y Galápagos necesita reparaciones urgentes.
La falta de políticas públicas de inclusión, educación, salud y empleo digno ha dejado un vacío que las organizaciones criminales están llenando, ganando legitimidad en las zonas más empobrecidas del país.
Un Estado mínimo, militarizado y sin dirección clara
Desde 2018, con gobiernos como los de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, Ecuador ha adoptado un modelo de “Estado mínimo”, caracterizado por una constante declaración de Estados de Excepción y el uso creciente de fuerzas militares para controlar problemas sociales y administrativos.
Esta política ha llevado incluso a la militarización de hospitales públicos como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, en respuesta a la corrupción y violencia que afecta a sus funcionarios.
Economía ilícita y poder oligárquico: un caldo de cultivo para el crimen
Córdova-Alarcón también advierte sobre la consolidación de una oligarquía nacional con vínculos directos e indirectos con economías ilícitas. Las decisiones de gobierno han favorecido la expansión del narcotráfico y el tráfico de armas. La flexibilización del porte de armas y la eliminación de aranceles para su importación han facilitado el uso de armas de fuego en el 80% de los homicidios registrados.
El ingreso de figuras como Guillermo Lasso y Daniel Noboa —ambos vinculados a grandes grupos económicos— a la política nacional, ha reforzado una visión hegemónica que prioriza el libre mercado por encima del fortalecimiento institucional, contribuyendo así a la expansión de redes delictivas nacionales e internacionales.
Conclusión
La violencia en Ecuador no es únicamente el resultado de la acción de grupos criminales, sino la expresión de un deterioro estructural del Estado. Mientras no se recupere el compromiso social con los más vulnerables, se restablezca un proyecto de Estado con capacidad de acción y se limite la influencia de intereses oligárquicos, la militarización seguirá siendo una respuesta insuficiente e ineficaz.
