Santo Domingo. – La periodista Edith Febles presentó este lunes 29 de septiembre un reportaje de investigación en el que detalla cómo se operó un fraude millonario dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), revelando una compleja trama de irregularidades administrativas, ocultamiento de datos y contrataciones cuestionadas que comprometen seriamente a la principal ARS estatal.
De acuerdo con la investigación, el caso se remonta a noviembre de 2024, cuando el entonces director de SENASA, Santiago Jacín, depositó ante el Ministerio Público pruebas de un fraude en el sistema de autorizaciones médicas. Aunque el exfuncionario defendió su gestión alegando transparencia, posteriores auditorías de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) confirmaron atrasos de pago equivalentes a más de RD$1,300 millones, manipulación de registros contables y hasta intentos de borrar información en los sistemas internos.
El reportaje señala que SENASA habría sostenido una contabilidad paralela y maquillado informes financieros para ocultar un déficit estimado en RD$23,000 millones, situación que llevó a SISALRIL a sancionar formalmente a la institución en febrero de 2025 y a intervenirla meses después con un equipo de inspectores.
Entre los hallazgos más graves mencionados por Febles se encuentran:
- Contratos con prestadores privados de atención primaria a quienes se les pagaban RD$130 por afiliado, mientras al sector público solo se le reconocían RD$20.
- Gastos en programas de nutrición por más de RD$4,000 millones, compra de vacunas por RD$700 millones, reaseguros cuestionados por RD$4,800 millones y contrataciones con laboratorios y centros diagnósticos por otros RD$5,000 millones.
- Pagos millonarios a empresas privadas por servicios que, según auditorías, apenas cubrían al 10% de los pacientes reportados.
Febles advirtió que, más allá del fraude inicial, lo que se configura es una crisis estructural que afecta directamente a los afiliados de menores ingresos, quienes dependen de SENASA para acceder a servicios básicos de salud.
El reportaje concluye señalando que este expediente podría convertirse en uno de los casos de corrupción más graves en el sistema de salud dominicano, con implicaciones legales que podrían alcanzar a funcionarios, médicos y prestadores privados.
