Santo Domingo, – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su Director Ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, interpusieron el pasado viernes 4 de julio de 2025 una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La acción legal se dirige contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La denuncia penal expone un complejo esquema de sobornos, donde se ofrecieron hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3,000,000.00 mensuales, además de amenazas personales y presiones institucionales. Estas acciones buscaban extender de manera ilegal un contrato estatal vencido, inicialmente otorgado a Dekolor, para la operación del sistema de emisión y renovación de licencias de conducir en el territorio nacional.
El contrato, firmado en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la gestión de 21 centros de atención, así como la provisión de personal y tecnología necesaria para el sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones sin la aprobación del Consejo del INTRANT, Dekolor intentaba prolongar su vigencia sin licitación, presionando ilegalmente a la dirección actual de la institución.
Los cargos incluyen soborno, conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado y chantaje/extorsión electrónica, basándose en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella cuenta con el respaldo de informes técnicos internos, documentación de la Contraloría General y testimonios, indicando la presencia de una estructura criminal organizada para manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. También se mencionan otros posibles implicados, cuya participación será investigada por las autoridades.
Este tipo de acción directa por parte de un funcionario de alto nivel es poco común en el país, marcando un precedente excepcional en la lucha contra la corrupción administrativa, habitualmente perseguida por el Ministerio Público en representación del Estado.
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