Santo Domingo, R.D.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó formalmente a la recién instalada Cámara de Cuentas de la República Dominicana la realización de diez auditorías forenses a instituciones estatales, correspondientes a los años 2023 y 2024, ante la presunta comisión de irregularidades en el uso de fondos públicos.
La solicitud fue presentada por el presidente de la organización de la sociedad civil, quien resaltó la importancia de que las investigaciones sean desarrolladas bajo la modalidad de auditorías forenses, debido a la complejidad y el volumen de recursos públicos manejados por las entidades señaladas.
Las instituciones requeridas para investigación son:
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Cultura (Feria Internacional del Libro 2023 y 2024)
- Ministerio de Agricultura (Programa contra la Fiebre Porcina Africana)
- Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)
- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)
- Fideicomiso Público-Privado DO SOSTENIBLE
- Dirección de Infraestructura Escolar del MINERD
- Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)
- Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM)
- Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)
ADOCCO recordó que la auditoría forense es una técnica especializada de investigación financiera que permite detectar, prevenir y documentar fraudes y manejos irregulares, combinando herramientas contables, investigativas y legales.
Entre los principales señalamientos, la organización destaca los procesos irregulares en compras, contrataciones de servicios, reconstrucción de planteles escolares, y préstamos otorgados sin criterios claros. Especial mención se hace del Ministerio de Cultura durante la gestión de Milagros Germán por presuntas irregularidades en la organización de la Feria Internacional del Libro, así como del Banco Agrícola, por préstamos vinculados a allegados de la administración.
En el caso de EGEHID, ADOCCO subraya que ha asumido funciones de construcción de obras públicas en la provincia San Cristóbal, desplazando incluso al Ministerio de Obras Públicas, debido al alto volumen de recursos que administra.
La organización confía en que la Cámara de Cuentas responderá al llamado, dando paso a procesos de investigación que concluyan con responsabilidades penales y administrativas para los involucrados, en consonancia con los principios del buen gobierno y la transparencia.
