SANTO DOMINGO. – Un escándalo de gran magnitud sacude a la Junta Central Electoral (JCE) luego de que se revelara el caso de una ciudadana dominicana que, teniendo seis hijos biológicos, aparece en los registros oficiales con 34 hijos haitianos adicionales, todos inscritos como si fueran suyos y con nacionalidad dominicana.
El caso fue expuesto por el especialista en derecho migratorio y de familia Eli Ramón Portela Reyes, quien calificó el hecho como “la evidencia más clara de una mafia estructurada dentro de la propia JCE”.
Según Reyes, la señora afectada descubrió la irregularidad cuando uno de sus hijos acudió a la JCE para un trámite migratorio y su acta fue puesta en observación por “falsedad de datos”. Al acudir a Inspectoría, se confirmó que no solo su acta, sino también las de sus seis hijos reales, estaban suspendidas, porque la Junta le había adjudicado decenas de hijos que no conoce, no parió y no tienen vínculo alguno con ella.
Reyes asegura que al revisar el expediente detectó que la JCE inicialmente había identificado 20 registros falsos, pero que dejaron fuera 14 más, lo que elevó el total a 34 haitianos inscritos como hijos de la señora. Estos 14 adicionales —afirma— fueron justamente los que “no tocaron” porque se trata de profesionales, incluyendo médicos, peloteros e ingenieros, mientras que los que sí fueron detectados inicialmente pertenecían a sectores más vulnerables.
El especialista denuncia un patrón evidente:
- Todas las declaraciones son tardías.
- Todas se registraron en una sola oficialía: la Oficialía 9na de Boca Chica.
- Ninguno de los supuestos hijos alcanza cinco meses de edad en los registros, mostrando sumatorias imposibles.
Reyes sostiene que este esquema solo puede ocurrir con la participación de cinco departamentos internos de la JCE, cuyos protocolos —dice— fueron violados simultáneamente: Registro Civil, Inspectoría, Declaración Tardía, Cedulación y Registro Electoral.
“Los cinco no pueden haberse equivocado. Eso es corrupción organizada”, declaró.
El investigador reveló incluso que emisarios de Inspectoría intentaron presionar a la señora para que aceptara ser madre de cuatro de los haitianos involucrados, ofreciéndole medio millón de pesos para que firmara una declaración falsa, asegurándole que “todo estaba resuelto”.
Reyes afirma que este caso no es aislado y que la invasión del Registro Civil ocurre desde múltiples vías: declaraciones tardías sin verificación, adopciones fraudulentas de adultos y transcripciones manipuladas desde el extranjero.
Incluso confesó haber vivido en su propia familia una situación similar, donde apareció un “hermano haitiano” inexistente declarado con los datos de su madre.
El abogado advirtió que la problemática no es local ni limitada a Boca Chica, asegurando que oficinas de múltiples provincias presentan patrones de falsificación, suplantación y manipulación de actas.
“Nos están invadiendo por los libros de registro. Esta práctica está generalizada”, afirmó.
Reyes emplazó directamente al presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, a intervenir urgentemente este caso, cerrar y auditar la Oficialía de Boca Chica, y ordenar una revisión profunda de los registros manipulados. Según dijo, el propio titular de la entidad habría evadido reunirse con él y ofrecido “un número falso”.
El caso será presentado mediante una demanda reconvencional para solicitar la nulidad total de los 34 registros falsificados y restituir la identidad de la víctima y sus seis hijos.
Reyes concluyó advirtiendo que, mientras él logra anular identidades falsas, “la JCE sigue emitiendo cientos más”, asegurando que la corrupción interna convierte la identidad dominicana en un terreno vulnerable.
La población exige que se aclare cómo una dominicana terminó con 34 hijos que no parió y por qué un esquema así pudo operar, según denuncias, a plena vista y con complicidad interna.
