Santo Domingo, En un contexto de creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas, seis diputados dominicanos se encuentran en el centro de la controversia por no haber presentado su declaración jurada de patrimonio, a pesar de que el plazo para hacerlo venció el 16 de septiembre de 2024. Este incumplimiento ha ocurrido sin que se apliquen las sanciones legales o administrativas previstas para estos casos.
Según la información disponible en el portal de la Cámara de Cuentas, los legisladores Ángel María Sánchez (PRM), Carlos José Gil (Fuerza del Pueblo), Enriqueta Rojas (Fuerza del Pueblo), José Luis Rodríguez Hiciano (PRM), Melvin Alexis Lara (PRM) y Sergio –Gori- Moya (PRM) no han cumplido con su obligación de declarar sus bienes. Esto representa un retraso de un año en el cumplimiento de la normativa que exige a los funcionarios públicos declarar su patrimonio al asumir el cargo.
La Ley 311-14, que regula la Declaración Jurada de Patrimonio desde 2014, estipula sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con los tiempos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los diputados mencionados ha enfrentado medidas disciplinarias por este incumplimiento.
En junio de 2025, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que aquellos legisladores que no regularizaran su situación no recibirían su salario de julio. No obstante, una revisión de la nómina de la Cámara Baja muestra que estos diputados continuaron recibiendo su salario de 320,000 pesos mensuales. Tal situación pone en entredicho la efectividad de las advertencias emitidas por la presidencia de la cámara.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, ha intentado facilitar el cumplimiento de esta obligación adaptando el formulario de declaración a un formato más accesible. A pesar de estos esfuerzos, ha anunciado que, de persistir los retrasos, remitirá los casos a la Procuraduría General de la República, siguiendo lo que dicta la ley.
Este caso destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de control y sanción para asegurar la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de las leyes vigentes.
