El procedimiento fue liderado por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la dependencia, y Margaret Cabrera Morillo, con el respaldo de agentes de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional.
Según el expediente, la organización delictiva operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, logrando defraudar un total de RD$11,131,200.00 al vulnerar los sistemas digitales y financieros de la entidad afectada.
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha aplazado la audiencia para el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, con el fin de permitir a las defensas de los imputados presentar sus pruebas de arraigo.
El Ministerio Público acusa a Peguero Sánchez y Jacobo de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal, así como los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Procuraduría sostiene que se trata de una red criminal altamente estructurada y argumenta que la prisión preventiva es esencial para garantizar el desarrollo adecuado del proceso, proteger la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados durante el avance de las indagatorias.
