Santo Domingo, República Dominicana – La indignación popular ha encontrado un nombre para describir la desesperante crisis energética que vive el país: Celso Marrazinis es señalado como un “Desastre”, un hombre que, con su gestión al frente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), ha convertido la luz en un arma de tortura social.
Los apagones no solo han dejado a barrios enteros sumidos en la oscuridad; también han provocado pérdidas económicas millonarias, caos en hospitales, conflictos en comunidades y un clima de inseguridad generalizada. Para muchos ciudadanos, lo ocurrido trasciende el simple “fallo técnico”: es un atentado contra la estabilidad nacional.
¿Apagones o sabotaje?
Las explicaciones oficiales señalan que la caída de plantas clave como Punta Catalina II y otras unidades generadoras fueron la causa principal. Sin embargo, la frecuencia y magnitud de los apagones llevan a cuestionar si se trata de incapacidad, negligencia o, como muchos opinan, una forma de sabotaje institucionalizado.
El marco legal: ¿puede ser sometido?
De acuerdo con la Ley General de Electricidad No. 125-01 y su reforma Ley No. 186-07, el Estado tiene herramientas para sancionar severamente estas fallas. La Superintendencia de Electricidad (SIE) puede imponer multas, ordenar compensaciones a los usuarios —equivalentes a un 150 % del valor de la energía no servida— e incluso intervenir provisionalmente las empresas distribuidoras en casos graves.
Pero más allá del ámbito eléctrico, el Código Penal Dominicano, en sus artículos 265 y 266, define el terrorismo como cualquier acto destinado a provocar un estado de terror en la población mediante la alteración del orden público. Bajo esa interpretación, provocar apagones masivos que generan caos y enfrentamientos sociales podría considerarse un acto terrorista.
Opinión editorial
El pueblo dominicano no puede seguir siendo rehén de un sistema eléctrico que, bajo la sombra de Marrazinis, funciona como un mecanismo de opresión. Si el terrorismo se mide por el miedo, la desesperación y el desorden que provoca, entonces los apagones son terrorismo eléctrico, y su responsable un terrorista de la nación.
La justicia y las autoridades regulatorias tienen la obligación de actuar: o se impone orden en el sector eléctrico, o se reconoce abiertamente que vivimos bajo el yugo de un terrorismo disfrazado de apagones.
