Santo Domingo, La discusión sobre el nuevo Código Penal de la República Dominicana continúa generando controversia y división en el Congreso Nacional. A pesar de los esfuerzos del presidente Luis Abinader, quien convocó una legislatura extraordinaria hasta el 15 de agosto, el avance de la reforma sigue estancado debido a desacuerdos significativos entre los legisladores.
El proyecto de ley, que busca reemplazar el código vigente desde 1884, fue aprobado por el Senado el pasado 21 de julio en segunda lectura, sin incluir la despenalización del aborto bajo las tres causales excepcionales. Esta exclusión ha provocado fuertes oposiciones de partidos políticos, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, destacando que la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina que mantiene una prohibición total de la interrupción del embarazo.
El texto del proyecto, que ha estado en discusión por más de 20 años, pasó a la Cámara de Diputados, donde la lectura de sus más de 400 artículos se extendió durante 13 horas el 23 de julio. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para llegar a un consenso, y las sesiones continuarán debido a la importancia nacional del tema.
Organizaciones sociales, reunidas bajo la "Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código", han expresado su preocupación por varios elementos del proyecto. Señalan que, además de penalizar el aborto con penas de dos a tres años de prisión, el texto también limita la responsabilidad penal del Estado y partidos políticos, lo que podría fomentar la corrupción y el abuso de poder.
El proyecto también ha sido criticado por reducir las penas por violencia de género y feminicidio, y por criminalizar la protesta y el envío de información a entidades extranjeras, lo que podría ser considerado espionaje.
A pesar de estas controversias, la necesidad de actualizar el Código Penal es ampliamente reconocida. Entre los nuevos delitos que se proponen incluir están el terrorismo, la tortura, el bullying, y los ciberdelitos, entre otros. No obstante, la población exige un código que garantice justicia e igualdad, y no uno que perpetúe la impunidad.
La discusión sobre el nuevo Código Penal representa un momento crítico para la República Dominicana, mientras se busca un equilibrio entre modernización legal y protección de los derechos humanos. El país espera que sus líderes políticos encuentren una solución que refleje los valores y necesidades de la sociedad actual.
